La propuesta de Política Nacional Anticorrupción es resultado del análisis de datos oficiales y evidencia generada por distintas instancias de la sociedad civil; además integra diversos insumos provenientes de una Consulta Pública que permitió dar voz a diversos sectores mediante la instalación del Consejo Consultivo, una Consulta ciudadana en línea y ocho Foros Regionales.

Ponemos a tu disposición el Anexo estadístico que contiene la información detallada que se utilizó para la elaboración de las gráficas y referencias estadísticas contenidas en la propuesta de Política y la ruta del proceso de consulta, integración y presentación de la propuesta de PNA.

Entre muchas de las tareas del SNA se encuentra el diseño, implementación y evaluación de una política nacional que defina las prioridades hacia las cuales se deben orientar los esfuerzos para controlar la corrupción en nuestro país. El Comité Coordinador es el encargado de aprobar las políticas y corresponde a la Comisión Ejecutiva, integrada por la SESNA y el CPC, proponerlas para su aprobación.

El proceso para la elaboración de la propuesta de Política Nacional Anticorrupción comenzó durante el segundo semestre de 2017, cuando se llevaron a cabo mesas y reuniones de trabajo coordinadas por el CPC a través de las cuales se dio voz a organizaciones de la sociedad civil, del sector empresarial, de la academia, de los organismos internacionales, entre otros.

Producto de este esfuerzo inicial, la Red por Rendición de Cuentas se integró un insumo realizado por que permitió abrir un debate público más amplio sobre los alcances y las prioridades que se tendrían que definir en la propuesta de Política. De igual manera, se recibieron insumos provenientes de dependencias públicas, como la Secretaría de la Función Pública, así como aportaciones de diversos actores sociales.

Con base en estos insumos, y con el firme propósito de ampliar la participación social en la elaboración de este importante documento, la Comisión Ejecutiva aprobó en agosto de 2018 la realización de una consulta pública que permitiera integrar los insumos recabados hasta esa fecha, la evidencia disponible y la voz de los distintos sectores de la sociedad civil en un documento de política pública estratégico y con visión de largo plazo.

Dicha consulta pública se compuso por tres pilares fundamentales:

Descarga a continuación algunos de los insumos generados mediante la información recolectada en este ejercicio.

Base de propuestas de acciones RRC-SFP

Base de insumos IIJ

Base de compromisos internacionales

Base de recomendaciones de OSC

LNPP – CIDE

Ponemos a tu disposición las preguntas de la encuesta en línea y los resultados de las entrevistas a profundidad.

Descarga las preguntas de la Consulta ciudadana en línea

Base de datos de las respuestas Consulta ciudadana

Reporte de evidencias cualitativas sobre corrupción IIJ

Análisis estadístico de subjetividades

Descarga las relatorías de los ocho foros.

Con base en los insumos recabados en este proceso participativo, y a partir de un análisis de datos oficiales y de evidencia generadas por distintas instancias de la sociedad civil, se logró integrar un documento propuesta de Política Nacional Anticorrupción que, entre otras cosas, considera:

1. Que la corrupción en nuestro país puede entenderse como un orden social que privilegia valores como el particularismo y la parcialidad.
2. Que el principal problema que enfrentamos en este tema ha sido la incapacidad que hemos tenido como gobierno y sociedad para controlar efectivamente la corrupción, y las condiciones que propician su permanencia.
3. Entre las condiciones que han propiciado la permanencia de la corrupción están: la incapacidad para controlar la impunidad, para frenar la arbitrariedad, para involucrar a la sociedad en el control de la corrupción, y para construir lógicas de interacción entre gobierno y sociedad sobre principios de integridad, imparcialidad y universalismo.

A partir de estos elementos, en el documento de la propuesta de Política Nacional Anticorrupción se presenta un diagnóstico que permitió identificar 60prioridades de política que, en el transcurso de los siguientes meses se traducirán en la implementación de acciones y proyectos concretos.

Dichas prioridades contemplan atributos alineados a la procuración y la impartición de justicia en materia de delitos de corrupción, el fortalecimiento del servicio público, a la corresponsabilidad empresarial y la participación ciudadana en el control de la corrupción, a la adecuación de los puntos de contacto entre gobierno y ciudadanía en trámites y servicios, a la mejora de los esquemas de contrataciones públicas, entre otros.